Leire Regadas | Kazetaria. Periodista.

La utilización de la violencia sexual como arma de guerra en los conflictos armados lleva décadas llevándose a cabo, ya que es un eficaz instrumento de extensión del terror. La violencia sexual contra las mujeres se ha convertido así en una estrategia de guerra, que no solamente afecta a las mujeres de manera individual sino que afecta a toda la comunidad en conjunto. He ahí la clave de esta herramienta de guerra: atacando a las mujeres, se consigue desquebrajar todo el tejido social y familiar de una comunidad.

La disputa por el territorio y por la soberanía pasa siempre por el control del cuerpo de las mujeres– entendido dentro de un continuum de violencia patriarcal. Los actores de la guerra no buscan satisfacer sus deseos sexuales con las violaciones, sino que tienen la misión de destruir a las mujeres mediante ellas y las mutilaciones, desnudos forzados, prostitución forzada, embarazo forzado, aborto forzado, esterilización forzada dañando los órganos sexuales introduciendo objetos cortantes, disparando en sus vaginas y un largo etc., traumatizándolas tanto física como moralmente.

De hecho y durante la historia, el cuerpo de la mujer ha sido entendido como un “botín de guerra”. El control del cuerpo femenino en el patriarcado siempre se ha dado de distintas formas, como el control social de la sexualidad, la maternidad y en resumidas cuentas, la percepción del cuerpo de las mujeres como propiedad de los hombres. Por lo tanto, la violencia de la guerra no es más que una extensión de la violencia, del control y del desprecio que se ejerce sobre los cuerpos en la sociedad patriarcal.

Colombia no es una excepción. Al contrario, la violencia sexual contra las mujeres es una estrategia de guerra habitual y sistemática desde hace cinco décadas. Según datos de Intermon Oxfam, en Colombia cada día 245 mujeres son víctimas de algún tipo de violencia. Con todo, la impunidad roza el 90% de los casos, apenas existen juicios ni condenas. Esta violencia la practican todos los grupos armados de Colombia, tanto los ilegales como los legales, según la Corte Constitucional en 2008.

En Colombia cada día 245 mujeres son víctimas

de algún tipo de violencia.

La impunidad roza el 90% de los casos

Esta situación, como decíamos antes, es un continuum de la violencia cotidiana en el marco del patriarcado, sistema de dominación y poder masculino. En Colombia, este sistema misógino está muy presente en el espacio privado. La violencia en el ámbito doméstico, en el marco de las relaciones afectivas, es un hecho preocupante y latente. El actor armado solamente lo extrapola al espacio público, donde se convierte en una violencia con mensaje simbólico de poder.

Paramilitares, miembros de las fuerzas de seguridad y combatientes de la guerrilla violan y someten a abusos sexuales a cientos mujeres y niñas. Sus relatos son verdaderamente sobrecogedores, como podemos leer en el cuaderno de Amnstía Internacional que recoge testimonios de mujeres víctimas, Hablan las sobrevivientes, que llegan a ser tratadas como trofeos de guerra, atacadas por el simple hecho de ser mujeres.

Otras mujeres son escogidas como víctimas y amenazadas como respuesta por defender los derechos humanos, encabezar movimientos políticos indígenas y asociaciones de víctimas con el fin de silenciarlas cuando denuncian abusos y perpetuar así la impunidad. Margot Wallstrom quien fue la Representante de la ONU sobre violencia sexual en los conflictos armados, visitó Colombia en 2012 y explicó que 92 mujeres y doce organizaciones de mujeres se encontraban amenazadas en ese momento. El número sigue creciendo.

La impunidad ante estos hechos en Colombia no deja de ser preocupante. El estigma, la vergüenza o el rechazo familiar y social que representa el proceso posterior a la violencia sexual lleva a muchas mujeres a no denunciar. Otras ni siquiera lo intentan porque no confían en el sistema de justicia. Y es normal, ya que pocas veces llegan a investigarse estas denuncias, tal y como lo cuentan varias víctimas en el documento de testimonios de Amnistía Internacional “Eso es lo que nosotras exigimos, que se haga justicia”.

No obstante, es importante resaltar que no se deben reforzar los estereotipos en cuanto a estas mujeres como víctimas pasivas y como objeto de protección, sino recordar que existen muchas mujeres que dan una respuesta organizada y que en gran medida, han hecho posible que la violencia sexual como arma de guerra haya entrado en la agenda internacional de paz.

A pesar del trabajo de organizaciones de mujeres y derechos humanos, la ausencia de justicia para las víctimas es incalculable. La respuesta del Estado tanto para investigar como para prevenir y sancionar estos casos es escasa- existe la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, 1448 de 2011, así como la Ley 1719 de 2014 para garantizar el acceso a la justicia para las víctimas de violencia sexual y que identifica la violencia sexual como un crimen contra la humanidad- pero aún queda mucho camino para garantizar los derechos de las mujeres víctimas a la verdad, justicia y reparación. Al ser un delito infra denunciado y al no tener cifras estadísticas oficiales fiables, la brecha y la ambigüedad hace que el impacto de la violencia sexual esté también subestimado. Al mismo tiempo, las autoridades transmiten un grave mensaje por no investigar y proporcionar apoyo a estas mujeres, ya que perpetúan la impunidad de los agresores, que saben que no tendrán ningún castigo por sus actos, haciéndolos cómplices.

Las mujeres que luchan y reclaman sus derechos para crear una sociedad de justicia y paz deberían estar amparadas por una voluntad política para tejer una estrategia global de prevención, investigación y enjuiciamiento, para acabar con la impunidad, crear medidas de protección eficaces, formación en cuestiones de género y apoyo a las víctimas: hacerles ver que la violación no es un estigma que deba mantenerse en silencio, proporcionarles medios para la recuperación, tratamiento sanitario de primera emergencia, tratamiento psicológico etc, trabajando en conjunto con otros Gobiernos comprometidos, organismos internacionales, periodistas, y cualquier agente de cambio.

Otro tema imprescindible para hacer efectivo el derecho a la verdad es necesario investigar sobre las causas de esas violencias y determinar las autorías materiales e intelectuales. Es imprescindible apuntar que las mujeres fueron víctimas por ser mujeres, por existir un conflicto armado y porque atacarlas sexualmente es una herramienta de guerra, definiéndola como tal y no como un delito común como hasta ahora, y determinando que no sólo es un crimen de guerra sino que también constituye crímenes de lesa humanidad –así lo subraya la ONU, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y la Corte Constitucional de Colombia en el auto 092.

La violencia sexual no es algo inevitable como se suele pensar. El camino hacia la justicia es largo, pero no imposible. No obstante, para ello es necesario que exista un compromiso entre el Gobierno de Colombia, otros Estados, la fiscalía de la CPI, incluso a los propios guerrilleros. Sin compromiso y una verdadera motivación de cambio, la impunidad, la irresponsabilidad y el silencio seguirán siendo el pan de cada día en mitad de un conflicto que, una vez más, perjudica mayoritariamente a las mujeres.